- El currículo. El Gobierno central fijará las materias obligatorias de primaria, secundaria y bachiller (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las "específicas" (Educación física, Plástica, Música, entre otras), fijará objetivos y criterios de evaluciaón; las autonomías fijarán el temario concreto en este caso.


-Reválidas. En realidad, según numerosos expertos, lo que controlará lo que enseña en las clases, más que los currículos, serán las evaluaciones externas que los alumnos tendrán que pasar en
cada etapa educativa: primaria, ESO y bachillerato. Las dos últimas serán (si el estudiante no aprueba, no podrá seguir estudiando), pero la de primaria no lo será (esto ha cambiado durante la tramitación).


Al final de la ESO (16 años), los que hayan aprobado 4º tendrán el título de enseñanza obligatoria, pero si quieren seguir estudiando tendrán que aprobar un examen final, distinto si lo que se quiere es hacer bachillerato o FP. Se podrán presentar al examen los alumnos que hayan suspendido alguna materia en 4º (se supone que dos o tres como
mucho): si lo aprueban, tendrán el título y podrán seguir estudiando.


- Especialización y autonomía. Unos y otros podrán hacer que la nota de los alumnos cuente hasta un 20% en el proceso de admisión en bachillerato. Además, el anteproyecto reduce la capacidad de decisión de los padres y profesores a la hora de elegir entre los aspirantes a director, cuyos votos pesan ahora un 60% y pasarán a valer menos de la mitad. La misión de los consejos escolares, formados por padres, profesores, alumnos y otros trabajadores, iba a reducirse solo a "evaluar" e "informar". Los directores serán escogidos por la delegación de educación.

-Itinerarios. Los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en3º de ESO (14 años). También podrán elegir entre dos niveles distintos de matemáticas. En 4º, los alumnos ya se separarán entre los que quieren estudiar bachillerato o los que va a FP: tendrán algunas asignaturas comunes. Es un paso más de lo que aprobó el anterior Gobierno socialista tras el debate del frustrado pacto educativo (con más optativas orientadas a una opción u otra en 4º de ESO), que ya cosechó críticas, por “segregador”, llegadas desde una parte de la izquierda.

Pero aún antes de 3º, en 2º de ESO, los alumnos que ya hayan repetido dos veces podrán pasar a la nueva FP Básica (nueva versión de programas
de cualificación inicial), a los que se accederá generalmente al final de 3º (esto también lo preveía la reforma socialista). Estos programas son alternativas de dos años a la ESO en las que los chavales que van peor aprenden los rudimentos de un oficio.



-Religión y Ciudadanía. Se recupera Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria con clara influencia religiosa y se elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006. Ambas son reivindicaciones clásicas de los obispos españoles, introducidas tras un parón en la reforma, exigido por las comunidades gobernadas por el PP, para introducir algunas de sus demandas.

- Concertada. Uno de los principios que van a regir el sistema escolares es "la libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de educación y
el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales”. Esta frase resume la esencia del conflicto que ha dividido la educación española del último siglo: la escuela concebida
como servicio público y común a cargo del Estado o como bien privado sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres. Una pelea ligada asimismo a la dicotomía entre escuela laica y católica, pues esta religión es la que ha controlado tradicionalmente la inmensa mayoría de los centros privados.



- Seguros. Actualmente algunas comunidades han desempeñado un
pago de gastos y seguro escolar de los centros públicos (en algunas comunidades
ronda los 60 euros al año). Esta opción fue una de las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy como medida de "copago de educación". La limitación desaparece, permitiendo que los
centros puedan exigir hasta 200 euros en cuestión de seguro escolar y gastos
docentes.